Fichero de titularidades financieras

ley española contra el blanqueo de capitales

El 22 de marzo de 2019 entró en vigor el Reglamento de la Unión Europea (Prevención del Blanqueo de Capitales: Titularidad efectiva de las entidades corporativas) de 2019 (el «Reglamento Principal»). Los Reglamentos principales exigían a las entidades corporativas mantener un registro de titularidad real y presentar sus detalles de titularidad real en un registro central, que incluía detalles de PPS, o un formulario Ben2 si no había un número de PPS para el titular real.

Posteriormente, el 25 de junio de 2020, entró en vigor el Reglamento de la Unión Europea (Modificaciones del Instrumento Legal nº 110 de 2019) (Registro de la Propiedad Beneficiaria de Determinados Vehículos Financieros) de 2020 (el «Reglamento de 2020»). Los Reglamentos de 2020 modificaron los Reglamentos principales y exigieron a las ICAV, los Unit Trusts y las Cooperativas de Crédito («AFV») que presentaran los detalles de su titularidad real en un registro central, el «Registro de Titularidad Real de Determinados Vehículos Financieros» (el «Registro Central») mantenido por el Banco Central de Irlanda («CBI»).

sepblac

Las fuentes de información primarias y secundarias en las que se basa este trabajo son las leyes y los informes emitidos por los órganos consultivos españoles, respectivamente. El artículo 43 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, creó el «fichero de titularidad financiera», un archivo de datos personales de titularidad pública que contiene información sobre la apertura y cancelación de todo tipo de cuentas financieras. El recientemente promulgado Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, contiene otras orientaciones.

El objetivo del fichero de titularidad financiera es loable, pero la forma en que se ha configurado crea nuevas obligaciones que podría argumentarse que son innecesarias al existir ya mecanismos para obtener la información en cuestión. La normativa recientemente promulgada plantea al autor dudas sobre los derechos de acceso, la protección de datos y el control, entre otros aspectos.

Este trabajo proporciona un análisis exhaustivo del fichero de titularidad financiera español, un tema que aún no se ha explorado con gran detalle, y podría ser útil para otras legislaturas que pretendan implantar sistemas similares en sus países.

registro español de ubo

Las fuentes de información primarias y secundarias en las que se basa este trabajo son los estatutos y los informes emitidos por los órganos consultivos españoles, respectivamente. El artículo 43 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, creó el «fichero de titularidad financiera», un archivo de datos personales de titularidad pública que contiene información sobre la apertura y cancelación de todo tipo de cuentas financieras. El recientemente promulgado Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, contiene otras orientaciones.

El objetivo del fichero de titularidad financiera es loable, pero la forma en que se ha configurado crea nuevas obligaciones que podría argumentarse que son innecesarias al existir ya mecanismos para obtener la información en cuestión. La normativa recientemente promulgada plantea al autor dudas sobre los derechos de acceso, la protección de datos y el control, entre otros aspectos.

Este trabajo proporciona un análisis exhaustivo del fichero de titularidad financiera español, un tema que aún no se ha explorado con gran detalle, y podría ser útil para otras legislaturas que pretendan implantar sistemas similares en sus países.

real decreto 304/2014

Existe una expectativa en todo el sector de que los bancos y las empresas conozcan a las personas con las que hacen negocios. Cualquier institución dentro del ámbito de aplicación de la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo necesita revelar la identidad del UBO para cualquiera de sus transacciones comerciales.

La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se ha convertido en una de las principales prioridades de los reguladores en los últimos años. Algunos defraudadores pueden utilizar cuentas en el extranjero para enmascarar su actividad y los investigadores rastrean regularmente las transacciones sospechosas hasta direcciones ficticias, apartados de correos o domicilios particulares de residentes desprevenidos.

La definición de quién constituye un UBO varía según la jurisdicción, pero en general se define como un individuo que posee un mínimo del 10-25% (dependiendo de la jurisdicción) del capital o de los derechos de voto en la entidad subyacente.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ascienden a cerca de un billón de euros, entre el 2,5% y el 5% del PIB mundial. En los últimos años, el número de informes con indicios de blanqueo de capitales o terrorismo ha aumentado drásticamente.

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