Como tributa una expropiacion forzosa

Expropiación sin indemnización

Ley de Emergencia nº 1521/1950, con sus modificaciones posteriores (Últimas modificaciones: Ley nº 2873/2000, Ley nº 2948/2001 , Ley nº 3091/2002 , Ley nº 3220/ 2004, Ley nº 3427/2005, Ley nº 3522/2006, Ley nº 3554/2007, Ley nº 3634/2008), Ley nº 3842/2010, Ley nº 3943/2011, Ley nº 4072/2012, Ley nº 4174/2013 y Ley nº 4223/2013 (art.11).

El impuesto inmobiliario calculado sobre el precio de venta contractual recae siempre sobre el comprador. Los adjudicatarios en las subastas se consideran compradores. En caso de expropiación por interés público, el impuesto lo paga el responsable del pago de la indemnización (cuando no sea el Estado).

El impuesto se calcula sobre el valor de mercado o sobre el valor determinado por el «sistema de valoración objetiva» (véase «Impuesto sobre Sucesiones», «Base imponible») o sobre el precio del contrato pagado por el comprador, si éste es superior. Si de las cláusulas de un contrato posterior se desprende que el precio o el tamaño del inmueble es mayor que el establecido en el contrato original, el impuesto se devengará únicamente sobre el coste adicional o el valor de la parte adicional del inmueble. En el caso contrario, si mediante un contrato posterior se aclara que el precio o el tamaño del inmueble adquirido es inferior al establecido en el contrato original, no se debe pagar ningún impuesto. Si el tamaño de un bien inmueble transferido que figura en un contrato de transferencia es mayor que el indicado en la escritura de su adquisición a título oneroso, además del impuesto aplicable al contrato de transferencia, el vendedor del bien inmueble debe pagar el impuesto sobre el valor de la parte adicional, siendo el período impositivo el año en que se redactó el contrato de transferencia.

Ley de expropiación

Esta sección se aplicará únicamente a la recuperación, por parte de una corporación nacional sujeta al impuesto impuesto impuesto por la sección 11 o 801, de una pérdida por expropiación extranjera sufrida por dicha corporación y sólo si dicha corporación estaba sujeta al impuesto impuesto impuesto por la sección 11 o 801, según sea el caso, para el año de la pérdida y elige que se apliquen las disposiciones de esta sección con respecto a dicha pérdida.

La elección bajo el párrafo (1) se hará en el momento y de la manera que el Secretario pueda prescribir mediante reglamentos. Una elección hecha con respecto a cualquier pérdida por expropiación extranjera se aplicará a todas las recuperaciones con respecto a dicha pérdida.

A los efectos de esta sección, el término «pérdida por expropiación extranjera» significa cualquier pérdida sufrida a causa de la expropiación, intervención, incautación o toma similar de bienes por parte del gobierno de cualquier país extranjero, cualquier subdivisión política del mismo, o cualquier agencia o instrumento de los anteriores. A efectos de la frase anterior, una deuda que pierda su valor se considerará una pérdida en la medida de cualquier deducción permitida en virtud del artículo 166(a).

Indemnización por expropiación

La expropiación es la acción del gobierno de apoderarse de una propiedad en contra de los deseos del propietario, teóricamente para ser utilizada en beneficio del público en general. Las propiedades se expropian con mayor frecuencia para construir carreteras, ferrocarriles, aeropuertos u otros proyectos de infraestructura.

La expropiación se refiere a la adquisición directa mediante un acto del Estado o a la apropiación indirecta de inversiones extranjeras mediante la interferencia en las oportunidades del Estado anfitrión a las que un individuo, como inversor, puede tener derecho.

Esta conducta puede dar lugar a una reclamación procesable por parte de un inversor extranjero contra el Estado anfitrión cuando exista un Tratado Bilateral de Inversión («TBI») o un Acuerdo Bilateral de Protección de Inversiones («ABPI») legítimos y vigentes entre el Estado anfitrión y el Estado de nacionalidad del inversor extranjero.

El gobierno aprobó varias leyes para adquirir tierras de particulares. Entre ellas destaca la Ley de Adquisición de Tierras de 1894 («LAQ Act 1894»). La falta de garantías adecuadas para los propietarios de tierras contribuyó a la aprobación de la Ley de Adquisición de Tierras, Rehabilitación y Reasentamiento de 2013 («Ley LARR»), que derogó la Ley LAQ de 1894.

Expropiación directa

Los usos más comunes de la propiedad tomada por dominio eminente han sido para carreteras, edificios gubernamentales y servicios públicos. Muchos ferrocarriles obtuvieron el derecho de dominio eminente para obtener terrenos o servidumbres con el fin de construir y conectar redes ferroviarias. A mediados del siglo XX, se introdujo una nueva aplicación del dominio eminente, en la que el gobierno podía tomar la propiedad y transferirla a un tercero privado para su reurbanización. En un principio, sólo se aplicaba a las propiedades consideradas «arruinadas» o que constituían un «impedimento para el desarrollo», basándose en el principio de que dichas propiedades tenían un impacto negativo sobre los propietarios de los alrededores, pero más tarde se amplió para permitir la toma de cualquier propiedad privada cuando el nuevo tercero propietario pudiera desarrollar la propiedad de tal manera que aportara mayores ingresos fiscales al gobierno.

Algunas jurisdicciones exigen que el tomador haga una oferta de compra de la propiedad en cuestión, antes de recurrir al uso del dominio eminente. Sin embargo, una vez que la propiedad ha sido tomada y la sentencia es definitiva, el expropietario la posee en propiedad y puede darle un uso distinto al especificado en la acción de dominio eminente.

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